NUESTROS OBJETIVOS

Contar con una Ley de Coordinación de los SPEIS

Antecedentes

Desde que se promulgó la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, en la cual se estableció como obligatoria la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios, en el Estado se han ido consolidando los Servicios de Bomberos existentes, e implantando otros de nueva creación, hasta ser cerca de 140 Servicios de Bomberos en estos momentos.

Dichos servicios prestan un servicio esencial a la sociedad (tal y como ha sido reconocido por el TS). No obstante, una vez promulgada dicha Ley de Régimen Local, el propio Estado se ha desentendido absolutamente de este servicio público, y ha permanecido ajeno al desarrollo, la homogeneidad y la calidad tan dispar con la que se ha ido implantando el mismo. Incluso los propios Servicios de Bomberos han permanecido ajenos a las verdaderas causas de su situación hasta que no se ha hecho consciente la relación entre la deficiente regulación básica y los déficit organizativos, financieros y de desarrollo e implantación que se vienen padeciendo desde entonces.

Mientras el Estado se desentendía y echaba la pelota en el tejado de los Municipios, las Comunidades Autónomas han ido creando contratas y empresas públicas del sector contraincendios, llegando a un número considerable de ellas, con casi el doble de trabajadores dedicados a extinguir incendios rurales y forestales que de bomberos municipales en todo el Estado, y un presupuesto cercano al de bomberos, que en varias Comunidades Autónomas incluso lo duplica. Para colmo, las condiciones de trabajo del personal forestal es bastante mejorable, cuando no verdaderamente penoso.

Para terminar de arreglarlo, tras los sucesos de Guadalajara en julio de 2005, el propio Estado olvida una vez más los Servicios de Bomberos que tiene repartidos por su territorio, con casi 700 parques y, en lugar de estudiar su situación y destinar una partida presupuestaria para reforzarlos y modernizarlos, en octubre de ese mismo año decide invertir miles de millones de euros en una unidad militar como recurso puntual, mientras que en en estos 12 años, los Servicios de Bomberos han hecho alrededor de 4,5 millones de partes de intervención por toda la geografía estatal, en condiciones limitadas tanto en personal como en medios.

Hacer las cosas bien, en cuanto a las emergencias ordinarias se refiere, con todos nuestros respetos al personal militar (que ya tenía, y sigue teniendo, misiones asignadas en materia de Protección Civil antes de existir esta unidad),  hubiera supuesto una ampliación y redistribución de medios e instalaciones, con más de 3000 bomberos de nuevo ingreso en nuestros municipios, en las calles y carreteras, y también en nuestros montes; a los que, por cierto, acuden los bomberos públicos desde tiempo inmemorial, lo cual hubiera tenido una repercusión en la seguridad de la población, de la industria y de nuestro patrimonio muchísimo mayor.

Situación actual

Servicios con plantillas bajo mínimos, con 2 e incluso con 1 bombero de guardia, mientras que otros tienen 26 o más. Isócronas que rondan los 50 minutos de media. Provincias con 3 parques y otras con similar población con más del doble. Ausencia de criterios objetivos de implantación, por lo que para una misma población y riesgo existen distintas formas de enfocar los Servicios de Bomberos, ya que no se tienen en cuenta los mapas de riesgos ni las isócronas.

Se han privatizado Servicios de Bomberos, dándole la concesión a empresas privadas, a pesar de haberse demostrado que los costes se incrementan y que la calidad del servicio disminuye.  A su vez, existen criterios bien distintos en cuanto a la personalidad jurídica de estos servicios públicos, a la relación laboral de los bomberos, su formación, dimensionamiento de plantillas, categorías profesionales, remuneraciones, competencias, posibilidades de promocionar, de acceder a una segunda actividad e incluso un tratamiento bien distinto de la discapacidad de un trabajador, dependiendo del servicio en el que uno se encuentre.

La disparidad continúa, abarcando otros aspectos como la adquisición de vehículos y su reposición, así como una ausencia casi absoluta de gestión y acceso a información estadística y documental corporativa, de estudios e investigación sectorial por parte de los Servicios de Bomberos o instituciones propias comunes, de itinerarios formativos de acceso y promoción, de centros de formación oficiales y reglados y de recursos oficiales de coordinación de todos los Servicios de Bomberos.

Por si con todo esto no fuera suficiente, aparece en la escena la proliferación del voluntariado, haciéndose llamar “bomberos”, reivindicando su “profesionalidad” e incluso evolucionando hacia un nuevo concepto de “voluntariado remunerado”, con derecho a “subvención o dieta”, y que incluso ha servido de excusa para denunciar y demostrar su carácter remunerado, y que por tanto, en la práctica mediaba una relación laboral encubierta, utilizando la jurisprudencia para entrar en las Administraciones Públicas por la puerta de atrás. Es curioso que ya ante el juez y en las manifestaciones que han hecho, acaban denominando “nómina” a las retribuciones que perciben.

A su vez, sería interesante realizar un estudio serio sobre la posible vinculación entre algunos de estos ciudadanos y las Administraciones Públicas en las que “voluntarean”, y hacer públicos los resultados (respetando la LOPDP). Quizá nos sorprenderíamos de la frecuencia en el quid pro quo entre ambas partes de la ecuación (sueldos que denominan “ayuda o subvención”, licitaciones, empleos indirectos, cadenas de favores…). Sería interesante estudiar bien este asunto y/o llevarlo a cierto programa dominical.

Sobre este particular, muchas veces se pone el ejemplo del sistema mixto de Francia. No obstante, allí son 52.000 profesionales y 192.000 voluntarios. Si extrapolamos de verdad ese sistema a nuestro territorio, el resultado debería ser 37.000 profesionales y 137.000 voluntarios. Y es evidente que aquí, con menos de 20.000 profesionales actualmente, no se avanza hacia ese modelo y, sin duda alguna, es improbable que sea lo que se pretende.

Por otro lado, en nuestro país ya existe todo un servicio auxiliar de apoyo a los servicios de emergencia formado por 60.000 voluntarios; se llama “Protección Civil”, cosa que en otros países no existe con tal denominación, y el voluntariado se concentra y gestiona desde los Servicios de Bomberos. Para ser coherentes con esta Europa que nos ponen de ejemplo, las Administraciones Públicas deberían convocar alrededor de 18.000 plazas de bombero, e introducir 77.000 voluntarios más en Protección Civil. No obstante, aquí somos especialistas en olvidar lo que ya tenemos y en lugar de potenciarlo, lo despreciamos y pasamos a otra cosa. Por lo que aparentamos tener mucho, pero en realidad lo que acabamos por lograr son multitud de servicios “chapuza” mal financiados y organizados. Y teniendo en cuenta la existencia de Protección Civil, la creación de los mal llamados Bomberos Voluntarios como tales, no puede ser, sino, con vocación de sustituir el servicio público de bomberos.

Motivaciones

Para nosotros resulta absolutamente ridículo, cuando a día de hoy en la Unión Europea se están normalizando los Servicios de Bomberos, otorgándoles competencias en materia de Protección Civil, que aquí estemos todavía cada uno por separado buscando una ley autonómica, provincial e incluso municipal que nos ampare. O también, luchando para que no aprueben determinadas leyes sin la participación de los verdaderos actores, los bomberos.

Necesitamos contar con una norma estatal que, sin perder la identidad de cada Servicio de Bomberos, regule unos mínimos que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español y la calidad del servicio prestado. Entendemos que una propuesta de este calado necesita el máximo apoyo posible y la participación de todos los profesionales.

Creemos que no es suficiente con decir «Los municipios de más de 20.000 habitantes deberán prestar el servicio de prevención y extinción de incendios, y en los de menor número de habitantes lo prestará la Diputación u organismo equivalente».

Es necesario establecer unos principios básicos que regulen la prestación de ese servicio público esencial, que garanticen la calidad del mismo en todo el territorio.

Que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios al que se refiere la legislación en materia de régimen local, deba ser prestado a través de un “Servicio de Bomberos Público” y de gestión directa
Establecer criterios objetivos de emplazamiento de parques, dimensionamiento de plantillas y equipos de intervención “mínimos”, según mapas de riesgos, población y el territorio a cubrir
Que sus integrantes deban ser funcionarios y agentes de la autoridad
Que se definan las competencias de los SSBB
Establecimiento de criterios objetivos de financiación de los SSBB
Que el identificador “Bomberos” sea de uso exclusivo por los SSBB públicos, en todas las lenguas oficiales
Creación de una Dirección General de Bomberos, que gestione estadísticas, normativa, estudios, planes de formación, procedimientos, presupuestos, contribuciones especiales, etc.
Que se cree una Comisión de Coordinación de los SSBB que permita disponer de un foro de reunión oficial, con subcomisiones de trabajo, en la que tengan presencia los responsables de los SSBB, así como nuestros representantes sindicales y asociaciones profesionales
Que se establezcan itinerarios formativos claros para el personal de nuevo ingreso y para la promoción profesional
Que el SPEIS aeroportuario cuente con un organismo autónomo que recupere la gestión directa del mismo, así como el carácter de empleados públicos de los bomberos profesionales que lo integran.
Que todas las CCAA deban contar con legislación propia en materia de bomberos que desarrolle la normativa marco estatal
Nivel C1 de titulación de acceso para el puesto de bombero en todo el Estado
Facilitar la movilidad voluntaria del personal de los SSBB por todo el territorio del Estado
Y otras cuestiones que, por supuesto, surgirán en las mesas de trabajo…

Intereses asociativos comunes

Creemos que estos aspectos son positivos para todos, e independientemente del territorio en el que se encuentre, de la ideología política que uno tenga, y de cómo viva ambas cuestiones, todo aquello que resulte positivo y se consolide  a medio plazo en materia de SSBB, tendrá muchas más posibilidades de afianzarse y evolucionar de forma positiva en todos los escenarios posibles, permitiéndonos a todos trabajar juntos en mejores circunstancias en el futuro.

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